Durante mucho más de un año, el fiscal Franklin Nieves sostuvo ante un juez federal en su ciudad nativa de Venezuela que el líder de la oposición del país, Leopoldo López, debía ser encontrado culpable de incitar a la violencia, publica The Wall Street Journal. El juez estuvo de acuerdo con eso y sentenció en septiembre a López a pasar casi 14 años de prisión en lo que la mayoría de los observadores catalogó como un juicio de farsa.
Ahora, Nieves, uno de los dos fiscales en el caso, dice que lo esta lamentado.
“Leopoldo López es inocente”, expreso en una entrevista con The Wall Street Journal, la primera que ha concedido desde que escapó de Venezuela la semana pasada y divulgara un video en el que afirma que el juicio fue falso.
Secándose con un pañuelo sus ojos totalmente humedecidos, Nieves se disculpó por todas sus acciones como el fiscal que detuvo a López y compartió la supervisión de su juicio.“De mi corazón, le quiero pedir perdón a Venezuela, a Leopoldo López, a su esposa, a la familia López, y especialmente a sus hijos”, dijo.
Luego de pretender que se dirigían a unas vacaciones en Aruba, Nieves llegó con su esposa y sus dos hijas a Miami, donde la familia está buscando asilo en Estados Unidos.
La deserción y la disculpa del fiscal probablemente profundizarán la crisis política del país y proveerán más municiones a los críticos del gobierno de Nicolás Maduro, semanas antes de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. El presidente se ha vuelto muy crecientemente impopular en medio de la crisis de los precios del petróleo y los desmanejos que han causado una profunda contracción económica.
El cambio de parecer de Nieves puede ofrecer una confirmación a lo que la oposición interna y los observadores internacionales creen que desde el día que López se entregó a la policía en febrero del año pasado: que su arresto fue una jugada política del gobierno de Maduro como parte de una acción más amplia para acallar el disenso en momentos en que se propagaba protestas antigubernamentales en todo el país. “Este fue un juicio netamente político y debe ser un juicio nulo”, manifestó Nieves. “Se violaron todos sus derechos humanos al negarle sus testigos y todas las pruebas que solicitó”.
A raíz de las revelaciones, miembros de la familia de López y líderes de la oposición han exigido la liberación del líder del partido Voluntad Popular, de 44 años, que actualmente cumple su condena en una prisión militar.
En medio de un descontento en ascenso, el gobierno de Venezuela ha sido objeto del fuego cruzado de grupos internacionales de derechos humanos por reprimir a disidentes como López.
“Esto es muy importante porque demuestra que Leopoldo López es un preso político y que el régimen está encarcelando a sus opositores políticos”, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas con sede en Washington. “Los que decían que estaba incitando a la violencia han demostrado estar equivocados”.
Nieves, cuya hija va a la misma escuela que la hija de López, dijo que no había podido dormir bien desde que López se entregó a las autoridades en febrero de 2014. Nieves dijo que no renunció antes del caso porque los jueces y fiscales venezolanos son aterrorizados para que actúen en función de Maduro y otros líderes políticos.
“Los fiscales y los jueces temen que si alguien disiente con la ejecución de una orden puedan ser detenidos o se invente contra ellos un caso criminal y se les envíe a prisión”, dijo Nieves. Según el fiscal, decenas de funcionarios de seguridad venezolanos merodeaban fuera de la sala durante cada una de las sesiones del juicio contra López, y que eso actuaba como una intimidación para que el personal judicial no desafiara las órdenes.
Nieves dijo que los jueces y los fiscales fueron presionados para que condenaran a opositores políticos del régimen por parte de sus superiores, que les daban sus órdenes verbalmente en frecuentes reuniones.
En Caracas, la fiscal general Luisa Ortega negó que Nieves fuera presionado y dijo que el fiscal fue despedido recientemente “porque él abandonó su posición”.
En una entrevista televisada, Ortega acusó a Nieves de actuar de manera “antinacional”.
“Cedió a las presiones de factores extranjeros y sectores del país, no del ministerio público”, dijo. “En el ministerio público no presionamos a nadie”.
Las declaraciones del fiscal, que en una breve versión surgieron en un video dado a conocer la semana pasada, ponen de relieve la falta independencia del poder judicial en Venezuela, y despertaron las críticas de varios grupos de derechos humanos como un problema importante en la democracia profundamente defectuosa del país sudamericano.
En su informe anual de 2014, publicado en mayo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que “La falta de independencia y autonomía del poder judicial respecto del poder político es uno de los puntos más débiles de la democracia en Venezuela”. Ese mismo año, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura elevó su preocupación sobre la independencia judicial al encontrar que 62% de los jueces en Venezuela estaban en situación temporal, lo que significa pueden ser retirados de su cargo a voluntad del Estado.
“Numerosos grupos de derechos humanos han documentado cómo el sistema judicial de Venezuela ha sido vaciado y politizado”, dijo Chris Sabatini, un académico de la Universidad de Columbia que sigue la actualidad venezolana. “Este caso, sin embargo, demuestra el elemento humano y el costo, tanto en el nivel de coerción a los funcionarios judiciales y de la antipatía y la venganza que el gobierno siente hacia un hombre, López”.
López fue condenado por incitar a la violencia a partir de un discurso que pronunció en una manifestación en febrero de 2014, un momento en que gran parte de Venezuela estaba dividida por las protestas, algunas de las cuales se volvieron violentas. Al menos 43 personas murieron antes de que las protestas se debilitaran ese mismo año. La mayoría de las víctimas fueron muertas por fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados aliados al gobierno, dicen grupos de derechos humanos venezolanos y extranjeros que han recogido testimonios de familiares de las víctimas.
Grupos de derechos humanos y personas que asistieron al juicio de López dijeron que su defensa fue excluida de la presentación de casi todas las pruebas a su favor, mientras que la fiscalía tenía amplia libertad para discutir cómo el líder de la oposición supuestamente incitó a la violencia mediante el envío de mensajes subliminales a través de plataformas de redes sociales como Twitter.
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